Los Kirchner y nueve funcionarios, en la mira por enriquecimiento ilícito

La parejita que nos gobierna

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El abogado Ricardo Monner Sans pidió hoy a la Justicia que investigue si la presidenta Cristina Fernández; su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, más cuatro ministros y cinco secretarios cometieron el delito de “enriquecimiento ilícito”.

Fuentes judiciales informaron hoy que el letrado también solicitó que la Justicia investigue si en la Oficina Anticorrupción monitorearon las declaraciones juradas patrimoniales de aquellos o incurrieron en el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La presentación de Monner Sans, basada en un informe especial publicado en la edición del domingo de Crítica de la Argentina, recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, con intervención del fiscal federal Federico Delgado.

El presidente de la Asociación Civil Anticorrupción de la provincia de Santa Fe pidió a la Justicia una “investigación de veras” y, subrayó, “no lo que ocurriera cuando puse en marcha el tema vinculado con el patrimonio del matrimonio (presidencial) en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, Fiscalía Eduardo Taiano”, que entonces desecharon la denuncia.

Según la investigación , remarcó el denunciante, “parece imprescindible estudiar muy a fondo las propias declaraciones juradas presentadas por funcionarios de este tiempo”.

DENUNCIADOS. Para Monner Sans, el juez y el fiscal deben investigar, además del matrimonio Kirchner Fernández, a Julio De Vido, Ministro de Planificación y Servicios Públicos; su esposa Alessandra Minicelli, ex funcionaria de la Sindicatura General de la Nación; Carlos Fernández, Ministro de Economía; Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social; y Anibal Fernández, ministro de Justicia.

También incluyó en la lista a Ricardo Jaime, Secretario de Transportes; Guillermo Moreno, Secretario de Comercio; José F. López, Secretario de Obras Públicas de la Nación; Carlos S. Kirchner, subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal; Enrique Albistur, Secretario de Medios de Comunicación.

A INVESTIGAR. El denunciante indicó al juez que “con los respectivos expedientes a la vista dirá si corresponde allanar la Oficina Anticorrupción en punto a la propia responsabilidad que a ella le cabe”.

Incluso Monner Sans recordó que el delito de “enriquecimiento ilícito” tiene un castigo previsto de 2 a 6 años de prisión, mientras que para el de “violación de deberes de funcionario público” hay reservados de un mes a dos años de prisión.

El denunciante pidió al juez y al fiscal que “se avance” en la investigación sin “dilaciones ni distracciones” en horno a “la indispensable higiene que el concepto republicano y la convicción democrática exigen”.

Fuente: (La mejor Revista On-line, de Jorge Lanata) http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=8173

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